La Autoridad Portuaria saca a concurso los últimos amarres que tenía bajo gestión directa en Maó

(11/sep/25) La licitación de estos 135 puestos de amarre termina con las últimas plazas para náutica deportiva en el Puerto de Maó bajo gestión directa de la APB. Todos los atraques en uso en el puerto pasan ahora a tarifarse bajo la maléfica sombra de la especulación de los intermediarios (léase concesionarios).

La subasta que hace la APB con los amarres le aporta suculentos ingresos, pero subastar al mejor postor un monopolio ubicado en dominio público como son las plazas de amarre es un negocio absolutamente desleal de la Administración hacia sus contribuyentes. Al no haber competencia posible, los precios pueden multiplicarse tanto como quieran los licitadores. Por mucho que se repita en nuestras costas, estas subastas no dejan de ser una actividad alevosa.
La concesión ahora en cuestión incluye además el medio centenar de puestos de amarre entre el Varadero den Reynés (estatua de la Sirena) y la Punta de Cala Figuera, más hacia levante, cuya autorización finaliza en 2025. El concurso también privatiza los amarres actualmente gestionados directamente por la APB a poniente de la estatua de la ‘Sirenita’.
El nuevo concesionario deberá “garantizar la continuidad del servicio a las embarcaciones de base existentes”, una condición que se menciona en la mayoría de concursos y que siempre es fuente de problemas entre el nuevo concesionario y los usuarios. La concesión también se reserva unas plazas específicas para la Autoridad Portuaria y sus embarcaciones auxiliares.
El pliego de las bases del concurso establece una duración del mismo por un periodo máximo de 18 años y un canon a partir de 409.413 € por temporada, canon que evidentemente será muy mejorado por los aspirantes, pues incluye unas plazas especialmente céntricas y apetecibles en el puerto de la capital menorquina.
La concesión de estos 135 amarres abarca una superficie sobre 47.200 m² de dominio público portuario, de los cuales unos 46.500 m² corresponden a espejo de agua. El resto de la superficie licitada son 650 m² en tierra destinados a la construcción de un edificio de servicios en el solar de la antigua Transmediterránea, cuya fachada protegida deberá conservarse. El concesionario podrá realquilar parte de este edificio a empresas relacionados con la náutica, pero -curiosamente- se excluyen usos de hostelería y restauración.
El adjudicatario también revenderá a los usuarios el suministro de agua y electricidad, haciéndose responsable de la limpieza, seguridad, conservación de las instalaciones y control de accesos.
Las ofertas, que evidentemente podrán mejorar las bases económicas establecidas, deberán incluir un proyecto de ordenación de amarres e instalaciones, una memoria de explotación con la planificación de servicios y una propuesta económica que contemple las tasas de ocupación y actividad, dando por seguro que habrá apetecibles mejoras sobre las bases económicas establecidas en el pliego de condiciones.

Por: Enric Roselló