Joan Gual de Torrella detenido por corrupción

Mar Abierto  Joan Gual de Torrella es presidente de la APB desde 2015.

(29/jul/20) La Guardia Civil detuvo el 23 de julio al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Joan Gual de Torrella y otros cuatro miembros de su Junta Directiva acusados de malversación, prevaricación y fraude a la Administración en distintas concesiones náuticas en Maó y Ibiza.
Gual de Torrella fue detenido junto a otros cuatro miembros de la Junta Directiva de Ports de Balears. Se trata del vicepresidente Miquel Puigcerver, el director Juan Carlos Plaza, el jefe de división de proyectos Armando Parada González y el jefe del área de explotación José Fernando Berenguer. La sede de la APB en Palma fue registrada a fondo por la Guardia Civil en busca de pruebas.
Tras uno o dos días de arresto según el caso y las primeras declaraciones ante el juez del caso, todos los detenidos están ahora en libertad con cargos.
Gual de Torrella fue una de las apuestas de la presidenta balear Francina Armengol, quien lo nombró ya en primer mandato y renovó su confianza en el actual mandato para un cargo con mayores presupuestos que la mayoría de Conselleries del Govern. El nombramiento ya fue controvertido de inicio por la oposición, pues Gual de Torrella, de familia y portes aristocráticos y antiguo presidente de la Cambra de Comerç local, tenía serios problemas económicos e importantes deudas contraídas por sus empresas.
El cargo de Presidente de la APB casi parece maldecido por la ‘presunción de culpabilidad’ y solo hace falta echar la vista atrás para recordar casos como el Mar Blau que implicaron a expresidentes de la entidad como Francesc Triay o Juan Verger.
Las presuntas irregularidades de Gual de Torrella se centran por lo visto en las adjudicaciones de amarres y concesiones en los puertos de Ibiza y Maó, sin que la Guardia Civil ni la fiscal del caso Laura Pellón hayan dado muchos más datos. Entre los casos en sospecha de irregularidades podría estar la renovación de la concesión del CN Ibiza, denunciada al TSJB por la empresa Club Doce Millas, o la reciente adjudicación de los amarres de la zona de levante de la capital menorquina a Marina Asment.