La Autoridad Portuaria de Baleares revierte la concesión de Trapsa Yates en el puerto de Maó

Mar Abierto - La concesión revertida a Trapsa Yates queda frente al edificio del

(26/12/17) El presidente de la APB, Joan Gual, ha firmado la caducidad de la concesión de 165 amarres en el puerto menorquín y la empresa tiene un mes para entregarla. Poco se sabe de lo que va a suceder a partir de ahora. Lo más plausible es que la propia APB gestione estos amarres durante el verano de 2018, para luego poner en marcha un nuevo concurso de esta dársena.

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) revocó la semana pasada la concesión a Trapsa Yates para la explotación de los 165 amarres que esta empresa gestionaba en el Moll de Llevant del puerto de Maó.
Estos amarres ocupan desde hace 10 años la zona donde estaban desde 1945 los pantalanes del Club Marítimo de Mahón. El otorgamiento de esta concesión a Trapsa Yates, compañía en la órbita del empresario Gerardo Díaz Ferrán, está considerada uno de los mayores despropósitos de la administración española respecto a la náutica deportiva. El ‘caso de Mahón’ fue la chispa que encendió la operación judicial Mar Blau destapando distintos amaños en las concesiones portuarias en las Baleares. También se han modificado leyes y criterios de actuación desde entonces.
Joan Gual, presidente de la APB, organismo gestor del puerto de Maó, ha firmado la caducidad de la concesión a la empresa Trapsa Yates y así lo comunicó a los miembros del Consejo de Administración de la APB en su última reunión el pasado miércoles 19 de diciembre.
El motivo de la rescisión, según fuentes oficiales, es la cesión de parte de la concesión al accionariado de Trapsa Yates sin haber obtenido la obligatoria y previa autorización de Autoridad Portuaria. La decisión está respaldada por el informe preceptivo del Consejo de Estado.
Trapsa Yates ha sido informada de la decisión de APB y ahora tiene un plazo de un mes para hacer entrega de los amarres, que pasarán a ser gestionados por el organismo público hasta que decida el futuro de esta zona portuaria. Si éste pasa por la convocatoria de un nuevo concurso, en ningún caso se producirá de manera inminente.
La APB concretó que la caducidad de la concesión portuaria no se ha producido por el impago del canon anual, se que se ha venido liquidando con normalidad por los administradores judiciales de Trapsa Yates. Dicho canon asciende a 616.000 € y supone casi la mitad de los ingresos que obtiene APB por sus concesiones en el puerto de Maó. Para anular la concesión se ha tenido que recurrir a la irregularidad de una ‘venta’ de alguno de los amarres en concesión, operación expresamente prohibida en el otorgamiento de la concesión.
Recordemos que el propietario de Trapsa Yates, Gerardo Diaz Ferrán, se encuentra recluso desde hace casi cinco años en la prisión de Soto del Real, donde el que fuera presidente de la CEOE y de Viajes Marsans cumple condena por delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.